Resolución de conflictos en tu comunidad de propietarios: instalación de cámaras

Una de las principales prioridades a las que debe de hacer frente una comunidad de propietarios reside, como no podría ser de otra manera, en tomar las medidas necesarias para garantizar la protección y seguridad de todas las personas que residen en las viviendas y locales que forman parte de ella.

No obstante, este aspecto no supone entregar un ‘cheque en blanco’ a la presidencia de la comunidad y su equipo de gobierno, ya que algunas de estas actuaciones estarán limitadas al consentimiento expreso de los miembros de la comunidad de propietarios en una correspondiente asamblea.

Para aclarar con más detalle este aspecto, desde Consejero Legal vamos a centrar nuestra atención en los pasos a seguir si se desea proceder a la instalación de cámaras de seguridad y vídeovigilancia en las distintas zonas comunes de la finca.

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Si bien la instalación de cámaras de seguridad en distintos espacios comunes de un inmueble o urbanización, como pueden ser las puertas de acceso, pasillos o garaje, puede ser muy útil para incrementar la protección de los residentes, no debemos olvidar que esta medida estará limitada por el derecho a la intimidad de las personas que se mueven diariamente por estas zonas.

Por ello, la Ley de Propiedad Horizontal establece que la instalación de cámaras de seguridad o vídeovigilancia en una finca urbana deberá contar con el consentimiento expreso de tres quintas partes de los propietarios con derecho a voto en asamblea.

Asimismo, desde Consejero Legal consideramos necesario informarte sobre las distintas limitaciones asociadas al uso de estos sistemas y su necesario respeto de la privacidad de los residentes, así como la prohibición de que estos sistemas tomen imágenes o sonidos de la vía pública sin la aprobación previa de los organismos públicos competentes.

Como es lógico, las grabaciones obtenidas a través de este tipo de dispositivos no podrán ser utilizadas para cualquier otra finalidad diferente a la aprobada en asamblea, deberán respetar la legislación vigente en materia de protección de datos y solamente podrán ser conservadas el tiempo estrictamente necesario para garantizar su función de protección.

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