Resolución de conflictos en tu comunidad de propietarios: el papel del administrador de fincas

En Consejero Legal te aclaramos la importancia de la administración de fincas en la gestión de una comunidad de propietarios

Como puedes observar si sueles repasar las publicaciones que se realizan en este blog, desde Consejero Legal hemos concentrado nuestra atención las últimas semanas en mostrarte lo que dicta nuestra legislación vigente, recogida en su mayor parte en la Ley de Propiedad Horizontal, en relación a la resolución legal de todos aquellos conflictos que se suelen presentar en el funcionamiento y gestión de una comunidad de propietarios.

Por este motivo, hoy queremos completar esta información resaltando el papel de una figura cada vez más esencial en la gestión de una comunidad, y que destaca, normalmente, por tratarse de un elemento externo y neutral, como es la persona o empresa a la que se le encomienda la administración general de la finca.

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La gestión de una comunidad de propietarios, y sobre todo de aquellas que están conformadas por un número elevado de inmuebles, implica la necesidad de destinar una considerable cantidad de tiempo y recursos, lo que dificulta que estas funciones se puedan llevar a cabo de forma interna, y desinteresada, por alguno de los miembros de la misma.

Por eso, cada vez es más habitual que las comunidades de propietarios recurran a la figura de la administración de fincas, delegando sus funciones de gestión y contabilidad a una persona o entidad externa, que deberá contar con la correspondiente colegiación profesional.

En este punto, hay que tener presente que, aunque la contratación de un agente externo para la administración efectiva de la finca en la que se encuentran las distintas viviendas y locales comerciales supone un coste extra para sus propietarios, permite contar con una gestión eficaz y profesionalizada, reduciendo al máximo la posibilidad de que se comentan errores que puedan afectar negativamente al funcionamiento y estabilidad económica de la comunidad.

De cualquier forma, la contratación de este servicio deberá ser aprobada por mayoría en la correspondiente asamblea de propietarios, en la que además será preciso establecer las capacidades a tener en cuenta para su selección y, del mismo modo, fijar la cuantía económica que recibirá la persona elegida por el desarrollo de su trabajo.

Una vez formalizada esta relación, el administrador de fincas estará obligado a rendir cuentas anualmente, sometiendo sus actuaciones al control y seguimiento de los distintos propietarios, para evitar que se produzcan situaciones que puedan afectar legal o administrativamente a la comunidad.

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